Dirigente desestima el argumento de que el Estado puede ofrecer una atención más confiable.
– ¿Qué opinión le merece la iniciativa de una AFP estatal?
– Para atajar el problema de las pensiones deberíamos actuar sobre cómo enfrentar las mayores expectativas de vida, las lagunas previsionales… Me llama la atención que cuando hay unanimidad respecto a estos puntos, la solución que se proponga sea una cosa enteramente distinta que no resuelve los problemas
– Hay quienes defienden que determinados grupos de personas confían más en el rol del Estado.
– Tampoco me gusta esa idea de que va a dar más confianza. Veamos qué estiman que es mejor, una atención como la que dio el Registro Civil o como se atiende a los pensionados y trabajadores en las AFP. No hay motivo para pensar que la atención del sector público es mejor.
– ¿Cuáles cree que son los principales riesgos que traería su implementación?
– Lo primero, frustrar expectativas. Lo segundo, esos dineros administrados por un organismo público van a estar sujetos a presiones, se va a pedir que la inversión se haga en un determinado proyecto que puede no tener rentabilidad para los afiliados. Lo otro son los conflictos de interés. El Estado cada vez que vea que necesita liquidez o tener más caja va a tener para comprar sus instrumentos sin que necesariamente considere la rentabilidad o la seguridad del instrumento.
– ¿Cuáles serían los primeros pasos que habría que abordar para mejorar el sistema?
– Deberíamos ir aumentando la tasa de cotización de manera gradual para que no afecte a los niveles de empleo y debería haber un incentivo para que las personas puedan cotizar los periodos en que no lo hicieron.
– ¿Qué otras medidas que se han eludido hasta ahora habrá que enfrentar?
– El llamado daño previsonal que han sufrido los funcionarios públicos, a los que se les cotizaba por la mitad. También es urgente la devolución de impuestos.