Una causa es vista por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por deuda previsional a profesores, mientras que otros 3 reclamos han sido interpuestos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por funcionarios municipales, docentes y empleados fiscales por las diferencias en el pago de pensiones públicas y privadas.
4 causas tiene el Estado chileno en organismos internacionales por incumplimientos en materia de derechos previsionales, las que han sido interpuestas desde el 2005 por agrupaciones de empleados públicos, profesores y funcionarios municipales, de acuerdo a lo señalado en el Informe 2012 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La primera acción es un recurso entablado el 2005 por un grupo de profesores de Chañaral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la deuda previsional de $2.000 millones que tiene dicha municipalidad con los profesionales.
La demanda se enmarca en la llamada «deuda histórica» del Estado que involucra a más de 80 mil profesores a lo largo del país y que se arrastra desde los años ochenta.
reclamos a la OIT
En la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, están radicados 3 reclamos hechos en función de los convenios 35 y 37 del organismo internacional. La primera acción fue interpuesta por el Colegio de Profesores en noviembre del 2009 por el incumplimiento de pagos previsionales, adeudados desde 1980, cuando la educación se traspasó a los municipios.
«El caso está siendo revisado por el Comité Tripartito, el cual se reunió por primera vez en julio de 2012. Terminado ese procedimiento el caso pasará a la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Convenios de la OIT», señaló el INDH.
El segundo reclamo ante la OIT fue realizado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) en mayo del 2011, debido a la determinación de las remuneraciones que se consideran para calcular el pago de las pensiones, mientras que el tercer caso es la queja contra las diferencias en las tasas de pensiones que se pagan en el sector privado y que son menores a las que se otorgan en el sector público.
Esta última medida fue presentada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación de Trabajadores Bancarios, la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer y por la Confederación de Trabajadores del Comercio.