Propuesta está en línea con la última cifra de reajuste del sueldo mínimo aprobada por el Congreso. Gremios también pedirán que el incremento esté en torno a los dos dígitos para los sueldos inferiores de la administración pública.
Literalmente “casi listo” está el petitorio que la mesa del sector público espera entregar en los próximos días a los ministerios de Hacienda y Trabajo para dar inicio a la negociación por el reajuste sectorial.
Según señalaron a La Tercera fuentes ligadas a la instancia sindical, ya se definió pedir al gobierno una cifra de reajuste nominal de 8,8%.
Las mismas fuentes agregan que los dirigentes también propondrán que el incremento salarial sea superior para los funcionarios que tienen sueldos inferiores en la administración pública. Trascendió que dicho monto sería de 10%, aunque el tramo de corte aún no está definido.
En semanas previas de discusión interna los representantes de los empleados públicos habían esbozado la opción de plantear a la autoridad económica un aumento salarial en torno a los dos dígitos. Sin embargo, dicha alternativa fue desechada debido al actual escenario macroeconómico.
En la mesa del sector público recalcan, en todo caso, que el petitorio no tiene como foco exclusivo el guarismo de reajuste, sino que también la búsqueda de estabilidad laboral para los funcionarios estatales.
En ese sentido, cada gremio que compone la mesa abogará ante los ministros de Hacienda y Trabajo por la acogida de sus propias demandas sectoriales.
A esta hora los dirigentes de los 14 gremios que componen la mesa del sector público se encuentran reunidos en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) finiquitando los últimos detalles del petitorio, que esperan entregar al gobierno a fines de esta semana o comienzos de la próxima.
Otra fuente vinculada a la instancia gremial dice que un punto clave que resta por consensuar con el gobierno es la posibilidad de zanjar la negociación por el reajuste antes del ciclo electoral.
Por norma, el reajuste de remuneraciones del sector fiscal debe empezar a regir en los primeros días de diciembre, una vez que haya sido aprobado por el Congreso el respectivo proyecto de ley.
El año pasado el gobierno y los gremios acordaron a fines de noviembre un incremento salarial de 5%.
Según cifras de la Dirección de Presupuesto (Dipres) válidas para el incremento salarial del año pasado, los funcionarios sujetos a reajuste son 599.762, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Mientras que los aguinaldos y el bono de acuerdo lo reciben 865.787 personas.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha advertido que las demandas salariales vinculadas a la discusión por el reajuste del sector público y al conflicto que mantienen los funcionarios del Registro Civil tienen un alto costo fiscal.