Los empleados públicos darán plazo hasta mañana al gobierno para que entregue una solución al conflicto con el Registro Civil, sino anunciarán paro nacional. A esta paralización de actividades se sumarían los funcionarios de Aduanas y los del Servicio Médico Legal.

Claramente cuando hay un año electoral hay muchos gremios que se aprovechan para llevar adelante demandas históricas. Le pido a la opinión pública que evalúe si es esta una demanda electoral o real”.

Así respondió ayer la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, a la serie de movilizaciones y paros que han afectado o podrían afectar a la administración pública, y que está generando serios cuestionamientos al real manejo de conflictos que está teniendo La Moneda.

Esto se suma que sólo quedan dos meses para las elecciones presidenciales, lo que hace que este problema se transforme en la principal preocupación del gobierno.

Por lo menos así quedó demostrado ayer, cuando al término del acto ecuménico por los 40 años del golpe de Estado, en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera citó a un comité extraordinario, donde asistieron los ministros del Interior, Andrés Chadwick; de la Segpres, Cristián Larroulet; y de la Segegob, Cecilia Pérez , quienes habitualmente asisten al comité político. A estos se sumaron el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, y los subsecretarios de Hacienda, Julio Dittborn, y de Justicia, Juan Ignacio Piña.

Comité extraordinario que revisó la situación de los funcionarios del Registro Civil que hoy cumplen 11 días de paro, y que entre sus demandas cuentan mejoras de sueldos y beneficios.

A esta situación podría sumarse el paro que preparan los funcionarios del Servicio Médico Legal para el 25 de septiembre; y el de los empleados de Aduanas, quienes hasta el cierre de esta edición estaban en conversaciones con el subsecretario de Hacienda. De no llegar a acuerdo, hoy comienzan un paro indefinido.

De acuerdo a lo analizado en el comité, una primera lectura de estas movilizaciones es que tendrían un corte electoral, e incluso hay quienes que sostienen que detrás de estos movimientos estaría la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), como estrategia de presión para las próximas negociaciones por reajuste salarial.

La preocupación ya está instalada en el gobierno, que busca rápidamente salir de este complejo escenario antes de que escale a otras organizaciones.

MAL MANEJO.
Desde la ANEF creen que el problema radica en el “poco conocimiento que tiene de los organismos dependientes de Justicia” la ministra del ramo Patricia Pérez, ya que existen 3 entidades que dependen de este cartera y que se encuentran en “estado de alerta”.

Así se cuentan el Registro Civil, actualmente en paro; el Servicio Médico Legal, que está esperando la confirmación desde el Ministerio de Justicia para una reunión el próximo 23 de septiembre, sino comenzarían un paro el miércoles 25; y las movilizaciones de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, que ayer depusieron la paralización, tras instalar una mesa de trabajo con la autoridad por 2 semanas. Dependiendo de los resultados de esta mesa, analizarán el reinicio de las movilizaciones.

Al interior de la ANEF sostienen que la “incompetencia de la ministra en este caso (Registro Civil)” se refleja además en que hasta ahora las negociaciones del sector han sido lideradas por el subsecretario Piña.

En la ANEF ya fijaron los caminos a seguir. Lo primero es que están monitoreando lo que sucede tanto en el Registro Civil, como las decisiones que tomen los funcionarios de Aduanas y del Servicio Médico Legal.

Lo segundo, es que ya se declararon en “estado de alerta”, convocando a un consejo de presidentes y delegados con la idea de consensuar las estrategias a seguir.

Y lo tercero, es que en base a la resolución hoy del consejo, la ANEF le dará un ultimátum al gobierno para buscar una rápida salida a las demandas de los funcionarios del Registro Civil.

De no haber respuestas concretas, iniciarán un paro nacional de los servicios públicos a partir del lunes 16 de septiembre, agudizando la crisis en la administración pública.

MOLESTIA PARLAMENTARIA.
Las críticas a Pérez no sólo se manejan a nivel de los gremios de la administración pública. Ayer estaba convocada para asistir a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde estuvo presente la directiva del Registro Civil. Sin embargo, no llegó y en su reemplazo estuvo el subsecretario Piña, gatillando la molestia de la bancada de diputados DC.

A esto se suma que el martes pasado la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) invitó a la directiva del Registro Civil, para buscar una salida a sus demandas que apuntan al aumento de dos grados en la escala de sueldos para 2.200 trabajadores y bonos.

Tras esa cita y como una forma de allanar el camino entre los trabajadores y el gobierno, RN invitó ayer a una reunión-almuerzo a la ministra Pérez, pero ésta tampoco llegó.

El desaire de la secretaria de Estado molestó a Renovación Nacional, por lo que redactaron una carta dirigida a Patricia Pérez, reclamándole la urgente necesidad de que busque una solución al conflicto.

“El gobierno está en condiciones de hacer un esfuerzo para solucionar ¡ya! este capítulo”, dijo la diputada Karla Rubilar.

Finalmente ayer el Ministerio de Justicia entregó una última propuesta a los funcionarios del Registro Civil, en la que propuso llegar a dos grados de mejora para quienes no han recibido este beneficio y de un grado para quienes sí la habían recibido.

Esta oferta fue rechazada de inmediato por los dirigentes del Registro, por no incluir a todos los funcionarios que requieren del incremento salarial. Según los dirigentes es muy poco lo que falta para un acuerdo, ya que la diferencia estaría en $400 millones.