Mario Alejandro Rojas
El movimiento ciudadano que hace una semana paralizó y dejó aislado del resto del país por 24 horas a Tocopilla, ayer consiguió que el Gobierno respondiera a una de sus principales peticiones. De su cumplimiento depende que la manifestación no se repita este viernes, con el corte de la carretera costera que une las Regiones I y II.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó su visita para esta semana a la ciudad de 25 mil habitantes, once días antes del 20 de agosto, fecha anunciada inicialmente por el Gobierno.

Su objetivo es informar a la comunidad el plan que impulsará el ministerio para paliar la falta de especialistas en el hospital local. «Tiene nueve médicos residentes. Eso es insuficiente, tenemos que llegar a 16», indicó.

También se sumaría la instalación de rondas médicas cada 15 días, desde Antofagasta, a dos horas y media de viaje.

Tras conversaciones entre representantes del Gobierno y del Colegio Médico de Antofagasta se agregó una propuesta adicional de los facultativos: instalar en forma permanente en la ciudad cuatro especialistas -gineco-obstetra, médico general, pediatra y cirujano-, además de un anestesista a la semana.

Su costo ascendería a los $250 millones al año, e incluye remuneraciones de los facultativos y la entrega de un inmueble en Tocopilla para su residencia.

El ministro Mañalich también le envió un mensaje al alcalde Fernando San Román (Independiente), detenido durante siete horas el jueves pasado, tras el enfrentamiento de manifestantes con fuerzas especiales de Carabineros. «Que se sosiegue. Las soluciones están en camino», añadió.

El edil calificó esas últimas declaraciones como «falta de respeto. No contribuyen al clima de diálogo que queremos generar».

«Es una crítica no solo a este Gobierno, sino a los anteriores gobiernos, que no han sido capaces de resolver este tema», agregó el alcalde, en alusión a los avances durante los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en la reconstrucción de esa provincia tras el terremoto 7,7 Richter del 14 de noviembre de 2007, que dejó dos muertos y 3.566 familias afectadas.

La ex Presidenta afirmó que al término de su gestión, en marzo de 2010, el avance era de 85%. El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, replicó que era de 64%.

«Nos tuvimos que hacer cargo y heredar irregularidades y problemas administrativos, como la entrega de subsidios (112), que incluso fueron entregados algunos de ellos a menores de edad, o que tenían una segunda propiedad (…) Quiero recordar una declaración de Javiera Blanco de 2008, en la cual señala: nos hemos puesto como plazo para terminar el mandato presidencial con la ciudad reconstruida a finales de 2009. No se cumplió», señaló Pérez.

Otra de las demandas del movimiento ciudadano, que integran vecinos, pirquineros, comerciantes, transportistas, profesores, estudiantes, autoridades locales, entre otros, es postergar la licitación de una planta de revisión técnica automatizada, porque el mal estado de las calles y la falta de recursos para renovar vehículos impedirían a los transportistas cumplir con las exigencias para aprobar las revisiones.

También se gestionaba ayer el viaje a la zona de la subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt.

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FIN DE AÑO

Es el plazo que se dio el Gobierno para terminar la reconstrucción, que tendría 95% de avance.