La propuesta fue despachada en los mismos términos que lo señalado por la Comisión de Constitución, pese a la presentación de algunas indicaciones.
Sin embargo, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, se comprometió a especificar en el restante trámite legislativo el rol de los parlamentarios frente a las actividades susceptibles de ser consideradas como lobby.
Larroulet valoró el apoyo general entregado por los diputados y destacó que la actividad del lobby es completamente legítima, permitiendo a las autoridades del país acceder a información destinada a perfeccionar su trabajo y a complementar el debate sobre diversas materias de interés público. Sin embargo, recalcó la importancia de regular estas situaciones.
Explicó que, a diferencia de proyectos anteriores, que se centraban en la creación de un registro de lobbistas y que no concitaban un concenso mayoritario, la presente propuesta se focaliza en los sujetos pasivos que reciben el lobby y en la transparencia de los actos que pueden ser considerados como lobby.
La votación del proyecto fue divida en dos bloques: una para definir el artículo transitorio, que apunta principalmente al financiamiento de la ley, el cual fue aprobado por nueve votos a favor y dos votos en contra; y el resto de las normas observadas por la Comisión, en particular en lo relativo a sanciones, las cuales fueron aprobadas por ocho votos a favor y tres en contra.
