Expertos advierten que la normativa no puede convertirse en una mera formalidad administrativa. Sondeo de Defontana expone que la falta de trazabilidad, formación continua y herramientas tecnológicas refleja una implementación deficiente.

Desde agosto del año pasado, las empresas chilenas están obligadas a contar con un protocolo contra el acoso laboral y sexual, establecer canales de denuncia y realizar capacitaciones, según lo establece la Ley Karin. Pero en la práctica, las cifras muestran que el cambio estructural aún no se ha instalado. El 81% de las empresas consultadas dice tener un protocolo de prevención, sin embargo, muchas aún no lo aplican con regularidad ni lo integran en su funcionamiento cotidiano.

El estudio de Defontana -software de ERP que sirve para las áreas administrativas y operacionales para empresas-, basado en 128 empresas, revela que solo el 61% ha incorporado estos protocolos en su reglamento interno, y apenas el 60% ha desarrollado un procedimiento formal de investigación y sanción. Otro dato que llama la atención es que la mayoría de las denuncias se siguen recibiendo por correo electrónico (57%), una vía que no garantiza la confidencialidad ni permite hacer seguimiento adecuado a los casos, explican los expertos.

“El protocolo no puede quedarse en un documento guardado en una carpeta o en la nube. Debe vivirse todos los días”, advierte Macarena Molina, Product Manager de Gestión de Personas en Defontana. Para ella, el verdadero desafío no es cumplir con la ley, sino construir organizaciones donde los canales de denuncia funcionen como herramientas vivas de prevención y resguardo.

La baja trazabilidad, la escasa capacitación y el uso limitado de tecnología en la implementación de la Ley Karin son síntomas de un problema más profundo, ya que las empresas aún no han logrado internalizar que esta normativa va más allá de evitar sanciones.

Falta de integración real y consecuencias

Aunque el 74% de las empresas declara haber capacitado a su personal sobre la Ley Karin, 1 de cada 4 no ha hecho ningún esfuerzo en este sentido. Y entre quienes sí lo han hecho, el 43% realiza capacitaciones solo una vez al año. Este bajo compromiso con la formación continua limita el alcance real de la ley, especialmente en empresas pequeñas o con recursos restringidos.

“El impacto humano de no capacitar es grave. Se expone a los trabajadores a entornos hostiles y se debilita el clima organizacional”, afirma Pamela Comparini, abogada y CEO de Motivar -empresa de capacitaciones para talento humano-. Además de los riesgos reputacionales y financieros, destaca que el desconocimiento puede convertirse en una bomba de tiempo que derive en demandas, sanciones o rotación laboral por insatisfacción e inseguridad psicológica.

Rodrigo Correa, psicólogo laboral y fundador de Valora People -empresa dedicada a la gestión de recursos humanos-, advierte que las capacitaciones mal diseñadas o muy espaciadas pierden sentido.

“La calidad de la formación es clave, debe combinar lo técnico con lo humano. Si sólo se capacita por cumplir, se pierde el verdadero valor de prevención”, asegura. En su opinión, el vínculo humano y la sensibilización son tan importantes como la transmisión de contenidos legales.

En tanto, Comparini, expone que las consecuencias de no cumplir a cabalidad son múltiples. “Desde multas que pueden superar las 80 UTM por infracción, hasta sanciones que dejan a la empresa fuera de licitaciones públicas por dos años. Pero lo más grave es exponer a las personas a entornos no agradables que podrían evitarse con protocolos adecuados”.

Paso a paso: ¿Cómo construir un canal seguro de denuncias efectivo?

Más allá del protocolo, un punto clave de la Ley Karin es garantizar un canal de denuncias seguro, confidencial y trazable. En ese sentido, vale destacar que el estudio de Defontana reveló que solo el 46% de las empresas permite hacer seguimiento a las denuncias, y que el medio más usado sigue siendo el correo electrónico, el cual no asegura privacidad ni gestión adecuada.

Por ello, los expertos proponen un “decálogo operativo del canal seguro”, y plantean una ruta concreta para su implementación:

Asegurar la confidencialidad: Evitar correos electrónicos y optar por plataformas tecnológicas seguras que resguarden la identidad del denunciante.

Socializar el canal: Utilizar carteles, videos internos o campañas de sensibilización que expliquen qué es el canal, cómo funciona y para qué sirve.

Incluir asistencia emocional: Brindar contención a quienes denuncien, a través de profesionales capacitados en primeros auxilios emocionales.

Capacitar sobre el uso del canal: No basta con tenerlo: hay que enseñar cómo usarlo, para evitar que quede obsoleto o mal utilizado.

Garantizar trazabilidad y seguimiento: Cada denuncia debe tener un número de seguimiento y un plazo de respuesta claro, para asegurar transparencia y evitar impunidad.

¿Qué pueden hacer las pymes sin grandes recursos?

Si bien la implementación de la Ley Karin puede parecer más compleja para empresas con pocos recursos, existen alternativas viables. Las charlas participativas, actividades lúdicas o incluso juegos de roles pueden convertirse en herramientas de alta efectividad con bajo costo.

“Las pymes pueden generar impacto con metodologías simples, pero potentes. Lo importante es que el aprendizaje sea significativo y promueva la reflexión real”, sostiene Comparini. Agrega que existen programas con monitores internos que lideran espacios de conversación mensuales, permitiendo que la prevención se mantenga activa durante todo el año.

Correa agrega que evaluar el impacto también debe ser una prioridad. “Encuestas anónimas, focus groups y mediciones de confianza en los canales permiten entender si el mensaje está calando hondo”, concluye.

Fuente: Emol.com