En el primer año desde que entró en vigencia la legislación, se han registrado 44 mil denuncias, de las cuales el 42% se han investigado bajo la normativa.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, presentó un balance que evidenció un alto número de denuncias, aunque en la gran mayoría de los casos no se evidenciaron vulneraciones de derechos de los trabajadores.

Además, el ministro dio cuenta de una carga institucional elevada para la Dirección del Trabajo (DT) y la necesidad de ajustes urgentes para fortalecer el sistema de protección a las víctimas.

Según los registros entregados por el Ministerio del Trabajo, entre agosto de 2024 y junio de 2025 la DT recibió 44.212 denuncias.

De ese total, un 42% (18.367 casos) fueron ingresadas bajo el marco de la Ley Karin, que tipifica y sanciona situaciones de violencia y acoso en el trabajo. La mayoría de estas denuncias fueron presentadas por mujeres (66,4%) y el acoso laboral fue la causa principal (87,5%).

En entrevista con radio ADN, el ministro Boccardo explicó que «la DT ha recibido alrededor de 44 mil denuncias, de las cuales cerca del 42% se constatan como casos que se investigan como ley Karin. Hay otro 40% que ha quedado fuera de este marco de investigación, pero algo que es bien importante señalar, eso no quita a que esas otras denuncias no constituyan vulneración de derechos».

El balance oficial también da cuenta de que durante este periodo se realizaron 2.117 fiscalizaciones y se cursaron 993 multas.

En el 21,3% de los casos investigados bajo Ley Karin, se constató alguna vulneración, mientras que en el 79,7% restante no se han comprobado, aunque algunas investigaciones siguen abiertas. De todas forma, Boccardo valoró esa cifra y afirmó que «uno puede pensar bueno, 21% es mucho, es poco. Para que nos hagamos una idea, el 21% de los derechos fundamentales (…) estamos hablando de acoso, de situaciones que vulneran la dignidad de las personas, acoso sexual, o sea, son acusaciones relevantes».

Además, indicó que «en general, la vulneración de derechos fundamentales en la DT está entre 20% y 25%, por lo tanto estamos hablando de que lo que hoy día ocurre en vulneración en materia de Ley Karin es una cifra relevante».

Concentración en grandes empresas y brechas en la respuesta

La autoridad recalcó que «la mitad de estas denuncias ocurren en las grandes empresas», y que el sistema ha permitido comprobar infracciones relevantes: «el debido proceso está funcionando en la medida que las personas pueden hacer las denuncias, y la DT está investigando y finalmente está constatando (…) que se produjo una situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo».

Sin embargo, el propio ministro reconoció falencias operativas: «cuando tú tienes en promedio alrededor de 100 mil-120 mil fiscalizaciones al año que realiza la DT y llegan 40 mil denuncias adicionales, efectivamente la institución se ve estresada y hay una diferencia importante entre la capacidad de procesar esto y finalmente responder a tiempo».

Frente a la crítica por demoras de hasta seis meses en la resolución de casos, Boccardo aseguró que «estamos introduciendo una serie de mejoras en los procesos (…) automatizar procesos de denuncia, ir precisando a través de ciertos mecanismos automatizados un estándar general que va a permitir acelerar todo el proceso de recepción de denuncias».

Y añadió que se busca «focalizar a nuestro personal especialista en derechos fundamentales a que se puedan concentrar rápidamente en las investigaciones».

Llamado a mayor involucramiento empresarial

El titular de Trabajo también emplazó al sector privado, especialmente a las grandes empresas, a asumir un rol más activo. «Estamos hablando de que cerca de 8 mil de las 44 mil denuncias las derivan las empresas a la DT y de ellas, más del 60% son de grandes empresas», señaló.

Además, explicó que «la DT tiene que justamente tomar esos casos porque la ley, donde la empresa elija si es que lo hace de manera propia o deriva de la DT», aunque también adelantó que están trabajando en cambios reglamentarios para que «el modo en que se denuncia sea más preciso (…) para facilitar que las denuncias por Ley Karin sean absorbidas por este mecanismo y las otras denuncias por otras vulneraciones de derecho entren por los canales regulares de la DT».

Complejidad probatoria y medidas de resguardo

El balance incluye además datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que identificó como principal medida de resguardo ante estas denuncias la Atención Psicológica Temprana (71% de los casos), seguida por la separación física entre víctima y denunciado (43%), el trabajo remoto (5%) y la suspensión de funciones (4%).

Boccardo subrayó la dificultad que implica acreditar los hechos denunciados: «cuando se producen situaciones sobre todo de acoso laboral y sobre todo acoso sexual, esto no se realiza generalmente a plena luz del día, (…) las pruebas siempre tienen una complejidad mayor que en otro tipo de vulneraciones laborales».

Cambios administrativos en camino

A pesar del alto volumen de denuncias y la carga institucional, el ministro expresó confianza en las acciones que están en curso: «lo que estamos enfocados durante este balance es ser muy claros en que a través de estas medidas administrativas vamos a reducir estos tiempos, porque sabemos que llegar a tiempo también permite ir afinando una cultura preventiva».

Al mismo tiempo, enfatizó que es necesario «fortalecer las capacidades que tienen las propias empresas para que también asuman estos procesos y efectivamente podamos dar en tiempo y forma una respuesta ante este tipo de vulneración».

En cuanto a la distribución territorial, la mayor parte de las denuncias se concentra en la Región Metropolitana (29,9%), seguida por Valparaíso (17,7%), La Araucanía (6,7%) y Coquimbo (5,8%).

Por sectores, el comercio lidera con un 19,4% de los casos, seguido por enseñanza (12,4%), servicios administrativos (11,5%) y hotelería y gastronomía (8,5%).

El Gobierno espera que las nuevas medidas permitan acortar los plazos y hacer más efectivo el proceso de fiscalización y sanción, en una ley que, según el propio ministro, busca también «un cambio cultural».

Fuente: Emol.com 

Fotografía: Emol.com (cedida por Ministerio del Trabajo).