Reducir la tasa de accidentabilidad de un 3,7% el año 2015, a un 3% en 2020. Bajar la tasa de mortalidad de un 4,4 por cada 100.000 trabajadores, en 2015, a un 2,5 el año 2020. Y disminuir la tasa de accidentes de trayecto de 1,09% el año 2015, al 0,8% en 2020. Esas son las metas que fija el decreto que aprueba la nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El documento será firmado hoy a las 10:15 horas por la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía de sus ministros del Trabajo, Salud, Desarrollo Social y Hacienda, en el Salón Montt Varas del palacio de La Moneda. Cabe indicar que el programa de gobierno de la Nueva Mayoría establece avanzar durante el actual período en una nueva política en el área para reducir la siniestralidad de los trabajadores. Entre sus principales compromisos, el decreto plantea la consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo, como un derecho fundamental específico de los trabajadores y trabajadoras, en el marco de los derechos laborales y de seguridad social universalmente reconocidos.

También propone impulsar el análisis participativo y de carácter tripartito de las distintas problemáticas de la seguridad y salud en el trabajo, con el objeto de adecuar el marco normativo vigente a los principios, objetivos y compromisos de esta política. Para tal fin se propondrá la elaboración de una ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como estatuto especial sobre la prevención de riesgos laborales. También se consagra reactivar el debate de la modernización de la ley N°16.744, en materias tales como la eliminación de diferenciación entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral y la normativa sobre gobiernos corporativos de las Mutualidades de Empleadores.

El texto del Ejecutivo también propone la ratificación del Convenio N°155 de la OIT, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y demás convenios de la OIT pertinentes al Marco Promocional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con consulta a los actores sociales. Compromete, además, que la autoridad sanitaria intensificará la fiscalización de los protocolos de vigilancia de agentes y factores de riesgo normados por el Ministerio de Salud, en el período de vigencia de la Política.

Por su lado, la Dirección del Trabajo (DT) duplicará en un período de 4 años el número de fiscalizaciones que incorporan materias de seguridad y salud en el trabajo, pasando de 25 mil a 50 mil fiscalizaciones, considerando los programas especiales de fiscalización. ‘Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, generando una instancia de coordinación permanente para asegurar el cumplimiento efectivo y eficiente de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, evitando la duplicidad de funciones y la dispersión de procedimientos administrativos y sancionatorios, disponiendo las medidas necesarias para una adecuada relación entre los organismos fiscalizadores en el cumplimiento de sus roles.

Esta instancia deberá dar cuenta periódica de sus actividades y resultados al Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo’, reza el decreto. Finalmente, la normativa plantea un sistema de aseguramiento de los riesgos en el trabajo solidario y que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser revisada cada cuatro años, en los términos establecidos por el Convenio N°187 de la OIT y la normativa vigente.

 

Fuente: Pulso