La falta de médicos especialistas afecta directamente a 1,5 millones de personas del sistema público que esperan una consulta, y a otros 240 mil que requieren una cirugía. Se trata de una situación aún más compleja en las zonas extremas, como quedó demostrado en el Hospital de Magallanes, donde la renuncia del único oncólogo pediátrico, y las dificultades para encontrar un reemplazo, obligan a trasladar a centros de Valdivia y Santiago a niños en tratamiento de quimioterapia.

Un estudio del Ministerio de Salud cifró a fines de 2014 una brecha de 3.795 facultativos en los hospitales. Esto llevó al gobierno a asumir como prioridad el plan de formación, comprometiendo formar 4.000 médicos hacia 2018. “Este es el mayor esfuerzo de Estado que se ha realizado en la historia sanitaria del país por dotar de especialistas a la red pública de salud”, explicó la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón.

Así, el año pasado, de los 1.400 médicos que egresaron de las facultades, 1.200 postularon a las becas estatales de especialización –financiadas con $ 100 mil millones- y 900 iniciarán en abril próximo su preparación.

En Chile, son más de 20 las facultades de medicina encargadas de formar en especialidades. El modelo cambió recientemente, cuando el Estado reemplazó los sistemas de autofinanciamiento y becas universitarias para hacer coincidir las áreas de formación con las necesidades de la red pública. Déficit que no será ni fácil ni rápido de revertir.

Eso, porque a los 10 años que demora preparar un especialista -y los 13 años de un subespecialistase suma la limitada capacidad formadora en el país, es decir, docentes que realizan la tutoría y los acotados campos clínicos, consultorios y hospitales públicos –a los que se han ido sumado algunas clínicas- como centros de formación y aprendizaje.

Estos factores son algunos de los “cuellos de botella” del sistema de preparación de médicos, brecha que debe asumir la demanda asistencial del 80% de los chilenos que se atienden en la red pública, el envejecimiento de la población, asociado al aumento de enfermos crónicos, y agravada, además, por los acotados plazos para la atención de especialistas que impuso el Plan Auge.

Falta de política de Estado

En el gobierno admiten que hace 10 años no existía una política pública para la formación de médicos. Las cifras son demostrativas: en 2002, el Estado financió la formación de 150 especialistas; en 2015 ese número subió a 1.107 (ver infografía).

En el sistema anterior, las universidades en forma independiente definían las especialidades a formar, las vacantes y el tipo de financiamiento, sin participación del gobierno de turno ni coordinación con la necesidades, carencias y demandas de la red pública. Ahora, la cuantía de cupos se define entre las facultades de medicina y el Estado, que asume costos que fluctúan entre $ 180 millones y $ 200 millones por cada profesional. Con todo, considerando los tres años de especialización, la primera generación financiada por el Estado egresará recién a fines de 2018.

El decano de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, Manuel Kukuljan, dijo que se “ha perdido el rumbo” en la formación. “El Estado se ha sumido en el paradigma de comprar proveedores, que son las universidades”, añadió Kukuljan. Agregó que, a diferencia de la situación actual, hace 80 años el Estado determinó necesario formar especialistas y construyó el hospital de la U. de Chile , dotándolo para que se usara como un gran hospital escuela. “Eso es una política de Estado”, enfatizó. La fórmula actual, de pagar por formar “es no tener visión de futuro y no comprender el problema”.

Capacidad formadora

Los requerimientos de Salud para cerrar la brecha medida en 2014 dejaron a las facultades de medicina al 100% de su capacidad formadora, con 1.200 cupos para especialidad y 200 para odontólogos. Esto permitirá cumplir las expectativas del gobierno; sin embargo, mientras la brecha de especialistas es dinámica, la capacidad formadora tiene escasa flexibilidad para crecer.

Eso, afirmaron en las universidades, porque se requiere necesariamente de más docentes y espacios físicos de calidad y estándares garantizados. Hoy existen 450 convenios con campos clínicos en los hospitales y consultorios, administrados por los Servicios de Salud, universidades o directores de hospital. Se encuentran, principalmente, en Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia. En el resto de las regiones no existen o son escasos.

Para revertir esto, el gobierno invitó a las universidades a desplegar su capacidad formadora en todo el país. “Estamos formando lo que se necesita en la calidad que se requiere, pero tenemos dificultades en encontrar los incentivos para que los centros formen en otras regiones”, explicó José Concha, jefe del Departamento de Calidad y Formación del Minsal.

Concha agregó que “esta tensión que estamos viviendo no la teníamos en 2002, porque en esa fecha no se invertían los recursos de hoy, en que el 90% de la capacidad formadora la compra el Estado”, dijo, adelantando que el gobierno trabaja en un “cambio radical” en la asignación de campos clínicos (ver entrevista). Desde las universidades, sin embargo, sostienen que llegar a las regiones donde no existen facultades de medicina establecidas es complejo.

“El escenario actual pone bastantes barreras. Para ofrecer calidad necesitamos gente preparada, lo que no se hace de un día a otro, se requiere años para abrir un programa. Aquí se echan de menos los planes de mediano y largo plazo, sobre todo si hay apoyos financieros adecuados”, sostuvo Raúl Gonzalez, decano de Medicina de la Universidad de Concepción.

¿Hay suficientes cupos?

El gobierno afirmó que se está formando la cantidad de especialistas que Chile necesita. Trinidad Hoyl, directora de área de Postgrado de la Escuela de Medicina UC, indicó que durante 2015 hubo cupos de formación que quedaron libres “porque no hay médicos que quieran ir a trabajar a zonas extremas. El punto ahora no es tanto que falten cupos de formación, sino que cómo hacer que los médicos quieran ir a esas zonas”, aseguró. La facultativa agregó que se debe descentralizar la formación, no sólo de especialidad sino también de pregrado.

Además, existe acuerdo entre los consultados en que hoy la presión de las sociedades científicas para limitar el número de cupos “se da, pero mucho menos que antes”, añadiendo que, finalmente, son las facultades las que deciden el volumen de formación del cual se puede disponer.

“La decisión final es de la universidad; que pudiera haber influencias fácticas por debajo es otra cosa, pero la decisión de los cupos de formación es independiente por cada universidad”, explicó Hoyl.

Efecto Auge

Expertos en salud coinciden en que la creación del AUGE, con las garantías de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad de atención que se inició en 2005 con 25 patologías -hoy suma 80-, no se asoció a una política de formación de especialistas acorde a los requerimientos y plazos del programa, lo que contribuyó a incrementar el déficit.

Para el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, al implementar el Auge, se debió, “en ese minuto”, comenzar a formar médicos especialistas para atender esas enfermedades. “Si eso se hubiera planificado desde el comienzo, formando especialistas para cubrir esas patologías, quizás no hubiera ocurrido lo que estamos viviendo ahora”, sostuvo.

Al 31 de enero pasado habían 10.689 garantías de oportunidad retrasadas, es decir, pacientes con alguna patología AUGE que no fue atendida en el plazo legal estipulado para su dolencia.

 

Fuente: La Tercera