En nota en el cuerpo Reportajes (10 de enero), se señala mi inquietud frente al fenómeno de la judicialización de la salud, por los riesgos que implica para la viabilidad del sistema.
Según los datos disponibles a diciembre del año 2015, entre los ex presidentes y congresistas señalados, fueron 135.000 personas las que presentaron recursos de protección para evitar alzas de precios de sus planes. Todos tuvieron éxito, pues los tribunales no reconocen la evidencia existente del incremento de los costos de la medicina en 10% y de licencias médicas en 14% en el último año, por causas absolutamente ajenas a la gestión de las isapres, como lo es el envejecimiento de la población, el cambio epidemiológico y el desarrollo de la medicina.
Por ello, me pregunto si los ex presidentes y congresistas que han cuestionado las facultadas de las isapres establecidas en una ley, que ellos mismos aprobaron, recuerdan que si su isapre deja de ser viable muchos de quienes tenemos cobertura de salud privada, por edad o condiciones preexistentes y nuestras cargas familiares, no tendremos más opción que la salud estatal para recibir nuestros tratamientos, pues no podremos acceder a seguros privados ni pagar gigantescas cuentas hospitalarias con recursos propios.
Por tal razón, mi temor respecto de este proceso de judicialización no es la salud financiera de las isapres, como lo he reiterado públicamente, sino la permanencia y la viabilidad del servicio que recibimos todos quienes libremente preferimos la salud privada y, especialmente, quienes sufren una enfermedad.
Carta de Rafael Caviedes, Presidente de Isapres de Chile A.G.
Fuente: El Mercurio