“El hospital más caro es el que no se construye”, fue una de las frases que acuñó Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), cuando se instaló con fuerza el debate sobre la implementación de hospitales bajo el modelo de concesión o su construcción directa con fondos sectoriales, una vez que la Presidenta Michelle Bachelet asumió su segundo mandato.

Si en el gobierno de Sebastián Piñera se proyectó implementar 10 hospitales bajo concesión, iniciativa ideada en el gobierno de Ricardo Lagos, con el segundo mandato de la Presidenta Bachelet se cambió el modelo por el de construcción vía fondos sectoriales.

De hecho, en Mayo de 2014 (dos meses después de asumir), la ahora ex ministra de Salud, Helia Molina, expuso ante la comisión de Salud del Senado que los modelos de concesión elevarían en un 77,9% los costos de construcción, justificando de esta manera la decisión de suspender los procesos de licitación de los hospitales biprovincial Quillota-Petorca y provincial Marga Marga, que aún no habían sido adjudicados, agregándolos a la cartera del programa “20-20- 20”, (que prometía 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 en diseño o licitación al 2018), donde, se agregaron también los proyectos de Curicó, Linares y Chillán.

CAMBIO DE PLANES

Para entonces, los primeros hospitales concesionados -La Florida y Maipú- estaban en operación, mientras que en los hospitales Félix Bulnes y de Antofagasta ya había sido colocada la primera piedra. Asimismo, se resolvió la licitación del hospital Salvador Geriátrico y el Hospital Sótero del Río, adjudicado a la empresa española Ferrovial. Precisamente, la mayor polémica vino cuando la autoridad de Salud abruptamente puso término a este último contrato. De hecho, el 11 de Diciembre recién pasado, la Contraloría General de la República dictaminó que el trato entre el gobierno y la firma española estaba ajustado a derecho, y que por lo tanto ese contrato no se puede disolver sin pagar las multas contempladas. La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que presentarán un nuevo requerimiento ante la Contraloría para aclarar el contrato y poder desecharlo, nuevamente.

Una de las reacciones vino desde la Cámara Chilena de la Construcción. “Esto podría mermar la credibilidad de los inversionistas extranjeros respecto a un país que goza de la confianza internacional”, criticó Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la asociación gremial.

Visión compartida por Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y actual director del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss), quien sentenció que “respecto a este hospital, hay dos posibilidades: Entregar el terreno para que se construya por vía concesionada; o bien, que se caduque el contrato, pagándole la multa correspondiente a Ferrovial, que son $80 mil millones, lo que equivale al costo del hospital de Quillota”.

Ya la ex ministra Helia Molina había sido cuestionada por diversos sectores del mundo político y empresarial, una vez que argumentó que en los hospitales concesionados, las ampolletas tendrían un costo de $75 mil cada vez que se tuvieran que cambiar. En aquella ocasión, César Gómez, gerente general de San José Tecnocontrol, empresa que se adjudicó la construcción de los hospitales de La Florida y Maipú, señaló que “la mantención de toda la infraestructura nos corresponde a nosotros por 15 años, con costo cero para la dirección del hospital y para el Estado”.

EN CIFRAS

Una vez que se dio pie atrás con las concesiones, la CChC solicitó un informe a la consultora Atanor Soluciones, del cual se detalló que, considerando los antecedentes disponibles de los hospitales de La Florida y Maipú (en operación), Antofagasta y Félix Bulnes (en construcción), del Salvador Geriátrico, además de 10 hospitales tradicionales en carpeta de proyecto, 2 con obras terminadas y 7 en construcción, generan diversos resultados. (Ver cuadro).

Entre ellos, que los costos de construcción de hospitales, evaluando el valor en Unidades de Fomento (UF) por cada metro cuadrado, en el modelo de concesión, el Estado ha desembolsado en promedio 37,4 UF, lo que representa un 24,3% menos que en el caso de los hospitales implementados con fondos sectoriales , que tienen un costo de 46,5 UF/m2.

El mismo estudio, determinó además que, por el riesgo de ser multados, los hospitales concesionados tuvieron un incremento en el promedio de plazo de construcción que llegó al 36,1%, mientras que en los hospitales tradicionales (actualmente en operación), aumentaron los plazos en 43,1% el estipulado al momento de edificar.

Asimismo, se concluyó, tomando en cuenta los gastos de operación efectuados durante el año 2014 para los hospitales que actualmente administran los servicios de salud, que éstos tienen un costo en promedio 73,5% mayor respecto a los hospitales ya concesionados. Uno de los casos que ejemplifica esta situación es el hospital Salvador Geriátrico (cuyo plan de obras tiene fijado iniciar la construcción en julio de 2016) donde el presupuesto de operación tradicional requiere de 1,15 millones de UF por año; mientras que, según indica el mismo informe, el presupuesto anual de operaciones bajo concesión reduciría esta cifra a 560.534 UF, reduciéndose a prácticamente la mitad..

URGENCIAS

El debate sigue abierto en el mundo político. El senador y miembro de la comisión de Salud, Guido Guirardi (PPD), señaló que “la información oficial del Minsal es que generan un gasto adicional del 45% por cada hospital construido, además de los costos de operación, implican trabas para cambiar su infraestructura, transformándose en un modelo predador de recursos públicos”.

En la vereda del frente, en tanto, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), contrastó la versión de su par en el Congreso, aduciendo que “esto no es privatización de la Salud. Aquí sólo se habla de la construcción, no de la administración de los recursos médicos, por lo que esto sólo genera empleo y actividad económica, que es lo que le falta al país”.

Desde el mundo académico, en tanto, Jaime Mañalich, argumentó que la infraestructura, y la necesidad de camas, son ítems importantes a resolver. “Hay 26 mil camas en el sector público y 16 mil en el sector privado, es decir, 42 mil camas que podrían usarse de manera más eficiente, porque así como estamos funcionando, con una deficiente atención primaria, requerimos casi el doble para satisfacer la demanda”, dijo el ex ministro de Estado.

Para el 2016, el Congreso aprobó un presupuesto de $6.699 millones destinados a construir hospitales. No obstante, para Juan Eduardo Saldivia, el panorama es preocupante. “Las restricciones económicas hacen difícil pensar que el Estado chileno tenga la capacidad de avanzar en el cumplimiento de las ofertas o la promesas que hizo en materia de construcción de hospitales, si es que no se recurre a un mecanismo de financiamiento de largo plazo con el sector privado”, advirtió.

 

Fuente: Estrategia