SEGÚN DATOS entregados por la Asociación de Isapres, hasta un 15% de sus afiliados se encuentran en procesos judiciales y aproximadamente el 8% de la cartera total tiene congelado el precio de su plan tras presentar un recurso de protección en los tribunales del país. La cifra ha ido en aumento. En el año 2014 fueron 99.521 los procesos elevados por afiliados a lo largo del país, es decir, un 84% más que en 2013, cuando se tramitaron 53.994 libelos.

Es evidente que estos procesos judiciales están llegando a niveles insostenibles para las isapres, al ver imposibilitada la posibilidad de ajustar sus planes conforme los riesgos de su cartera de afiliados. A ello se suma la reciente decisión de la Corte Suprema de elevar significativamente las costas con cargo a las isapres de miles de recursos de protección, de un inicial de $50.000 a $130.000. De continuar por la senda de exigir requisitos que van más allá de lo que la propia ley establece -como por ejemplo obligar a congelar por años el valor de un plan-, el resultado previsible es que el sistema se hará inviable.

Llama la atención la falta de decisión que ha mostrado el Gobierno para abordar de manera resuelta los problemas que se han suscitado con las aseguradoras privadas. En más de una oportunidad, como por ejemplo en la ley corta que envió al Congreso el gobierno anterior, se han expuesto y presentado las posibles soluciones que tendría este conflicto, pero la discusión legislativa se entrampa. La falta de decisión e iniciativa de la autoridad parece no ser totalmente neutra en este caso, y da pie a la suspicacia de que la inacción del Gobierno sea la forma escogida para terminar con las isapres y dar paso a un sistema estatal.

 

Fuente: La Tercera