“Lo que ha ocurrido es gravísimo y ratifica el riesgo de viabilidad del sistema”, planteó el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, tras conocer la resolución de la Corte Suprema que revocó la rebaja de costas acordada en agosto por el tribunal capitalino.

En la oportunidad, el Pleno de la Corte de Apelaciones redujo de $ 130 mil a $ 50 mil los costos de los juicios iniciados por recursos de protección que presentan usuarios del sistema privado, para contener el alza del precio base de sus planes.

Esa decisión del tribunal se adoptó tras acoger una observación de las isapres, en orden a que la disparidad de tarifas causaba un desequilibrio en las distintas salas y un incentivo económico para los recurrentes.

El pasado jueves, sin embargo, la Corte Suprema revisó 6.383 causas que impugnaron las nuevas costas – montos que paga la parte que pierde el recurso y que en estos casos corresponde en un 95% a las isapres- y resolvió elevarlas a $ 130 mil, es decir, a su valor previo.

“Esta Corte Suprema estima que el exiguo monto de las costas personales regulado en el fallo en alzada no se condice con la labor profesional desplegada en estos autos por el abogado de la parte actora, razón por la que se elevará prudencialmente la suma determinada por concepto de dicha carga procesal”, planteó la Corte Suprema en sus fallos.

Con esto, los 6.383 recursos de protección implicarán el pago de costas por un total de $ 829.790.000 para las isapres Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Masvida y Vida Tres. Se trata de montos un 160% más altos que los fijados por la Corte de Apelaciones y que habrían sumado poco más de $ 319 millones con la tarifa antigua (ver infografía).

“La Corte Suprema implícitamente está diciendo que hay un esfuerzo profesional detrás de estos recursos que provocan un beneficio al afiliado, que ve congelado el precio de su plan. El abogado despliega un desempeño laboral y, desde ese punto de vista, es correcto lo que plantea el tribunal al restituir las costas de $ 50 mil a $ 130 mil”, planteó Pedro Barría, abogado defensor de usuarios de isapre.

Este año la Corte Suprema ha recibido 22.209 recursos que buscan revocar la baja en las costas. Sin embargo, los 6.383 fallados ahora no implican un precedente ni obligan al tribunal de Santiago en su resolución.

Así lo afirmó el presidente de la Corte de Apelaciones, Carlos Gajardo: “El criterio de la Corte Suprema es muy respetable, pero no significa que nosotros debamos adaptarnos a el. Cada uno, dentro de las esferas de sus atribuciones, resuelve de la forma que estime pertinente. Por lo demás, la fijación de costas fue un acuerdo del pleno, sin perjuicio que eventualmente una sala pudiera modificar su criterio”.

Efectos

La Asociación de Isapres planteó que la modificación implicará gastar $10 mil millones adicionales “que podrían destinarse a mayores beneficios”. Caviedes, explicó que las alzas de precio al mes son de casi $ 3.000 por persona o $ 36 mil al año, mientras que los honorarios de los abogados son tres veces más altos. “Estimamos que motivados por estas elevadas costas establecidas por la Corte Suprema, los recursos de protección aumentarán el próximo año a más de 200.000 y el gasto en honorarios superará $30 mil millones, con un desvío de recursos equivalentes a 600 mil consultas médicas para los beneficiarios de isapres”.

Guillermo Paraje, académico de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez, planteó que los fallos de la Corte “les va a afectar financieramente. Si esperaban pérdidas operativas como han dicho, con esto van a ser más negativas. La judicialización preocupa no sólo a las isapres, sino al sistema judicial, tienen colapsados los tribunales y eso no puede ser. Eso debiera ser una señal para que el gobierno legisle sobre esto”.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, dijo que “la actividad que desarrollan los abogados en esta materia es bastante escasa, se hace todo por internet, por lo tanto a mi me parecía justo que se hubieran rebajado las costas”. Agregó que para detener la judicialización “se requieren cambios profundos de la industria y lamentablemente la oportunidad se ha postergado”, dijo, aludiendo el retraso en la presentación del proyecto de reforma a las isapres, que será ingresado al parlamento el próximo año.

Al respecto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, planteó que la judicialización “es un problema que se ha instalado, pero ante todo el síntoma de un problema de regulación y de funcionamiento de la industria por muchos años. Agregó que esto será abordado en el proyecto de ley, en orden a corregirlo y mejorar la transparencia en el sector.

 

Fuente: La Tercera