Cuando el Gobierno decidió no persistir en el plan de concesiones de hospitales diseñado por la administración de Sebastián Piñera, hubo un hospital que quedó en un verdadero limbo: el Sótero del Río.

Esto, porque se adjudicó el 28 de febrero de 2014, unos días antes de que asumiera el poder Michelle Bachelet. Tras esto, la entonces ministra de Salud, Helia Molina, pidió a su par de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que desistiera del trámite de toma de razón de la adjudicación, para construir este recinto (que costaría US$ 273 millones y aportaría 710 camas al sistema de salud) y así poder revisar el contrato.

Luego, en abril de este año, Contraloría emitió un dictamen donde pidió a las autoridades llevar a término (adjudicando o no) la licitación iniciada en 2013. Ante esto, el Gobierno ingresa un decreto en el cual se da por terminada la licitación.

Sin embargo, en un pronunciamiento fechado el 12 de diciembre, Contraloría desestimó la presentación hecha por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en nombre de su par de Salud, en el que se daba término al proceso de licitación a través del sistema de concesiones, porque, según el ente contralor, el texto no vincula «en su texto o en su parte considerativa -ni se advierte tal vinculación por esta Contraloría General- con algún modo previsto al efecto en el ordenamiento aplicable, máxime si se considera el carácter reglado del procedimiento». Por lo tanto, el proyecto, para el cual se asignaron $2.500 millones en el Presupuesto 2016, sigue vigente en la cartera de concesiones que lleva adelante el MOP.

Leopoldo Pérez (RN), diputado por el distrito de Puente Alto, explica que el Gobierno deberá definir ahora si tiene argumentos jurídicos para presentar a Contraloría para dar término a la concesión y seguir construyéndolo con recursos propios (la licitación bajo este modelo está proyectada para 2017) o entregarlo definitivamente a la concesionaria «Hospitales de Salud», cuyo principal socio es la española Ferrovial.

En el Ministerio de Salud respondieron ayer que la vocería sobre el tema quedaría radicada en el MOP, desde donde no se obtuvo ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.

 

Fuente: El Mercurio