Superada ya la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, se advierte una larga y compleja agenda para el ministerio, que a casi dos años del gobierno de Michelle Bachelet, aún pareciera no haber comenzado a ejecutarse. Desde luego, llama la atención el compromiso de construir 20 hospitales e iniciar la construcción de otros 20, además de estar ya licitados 20 hospitales adicionales. A estas alturas del Gobierno, ya nadie espera que esas promesas se cumplan, pero al menos se podría confiar en los esfuerzos y la dedicación por sacar adelante la mayor parte de esta tarea. No obstante, el país observa con preocupación cómo el cargo de subsecretario de Redes Asistenciales, crítico para la tarea de construcción de hospitales, permanece vacante por más de un mes. Más aún, el cargo de jefe del área de inversiones también fue desocupado en esa fecha y hasta ahora se mantiene sin su titular.
La ministra, sin embargo, afirma que habrá de cambiar por completo el modelo de gestión de inversiones, intentando resucitar la antigua empresa estatal denominada Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. «Estamos averiguando todos los antecedentes para reeditarla, pero no para este gobierno, sino para que quede para el próximo». Y añadió: «Queremos que sea una empresa estatal de calidad». De acuerdo con la Constitución, la creación de una nueva empresa estatal requiere de una ley de quórum calificado y, por tanto, una vez que se haya establecido cómo funcionaba la antigua sociedad, tendrá que preparar un proyecto de ley que ingresará al Congreso en algún momento no precisado del futuro.
En el intertanto, subsiste el problema de la deuda hospitalaria, cuya explicación nunca ha quedado clara para el público, pero cuya magnitud, sí, parece ser la más alta que se ha registrado. La gestión de los hospitales es un asunto complejo, que requiere de grandes equipos humanos especializados en el buen uso de los recursos, y nuestros grandes hospitales se caracterizan por tener pequeñas plantas de administradores sin posibilidades reales de incidir en la gestión.
A estas tareas debe añadirse el problema de las listas de espera, motivadas en muchos casos por la carencia de médicos especialistas. Pero no todas las listas tienen el mismo origen y los atrasos en el AUGE -programa que cuenta con garantía explícita de que no se producirán atrasos- no tienen explicación alguna. Más aún, según lo han sostenido varios observadores universitarios, existen fondos disponibles para darles tratamiento a estos pacientes, pero los fondos no se han utilizado por razones desconocidas. A comienzos del primer gobierno de Bachelet también ocurrió lo mismo y en esa oportunidad se dijo que el ministerio no estaba dispuesto a entregar dinero a clínicas privadas para resolver los problemas de los pacientes. Cabe la sospecha de que se pueda haber vuelto a la misma visión ideológica que posterga a los pacientes, pero no existe claridad al respecto.
Por último, al intentar hacer una lista brevísima de la agenda pendiente en salud, salta a la vista el problema de las isapres, que desde un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 quedaron en una situación de incertidumbre debido a la discusión sobre la posibilidad de revisar anualmente sus precios, como lo dispuso la ley de reforma del sector durante el gobierno del Presidente Lagos. El gobierno del Presidente Piñera intentó resolver el problema, sin éxito, y el actual, hasta este momento, no parecía avanzar en un trabajo prelegislativo. No obstante, se ha anunciado ahora que antes de fin de año se le presentará un proyecto a la Presidenta de la República para que lo estudie y resuelva. Luego deberá ir al Congreso, donde se espera una larga discusión que bien podría terminar cuando algunas de las isapres ya hayan tenido que cerrar. Por cierto, un hecho semejante debiera inquietar al ministerio, que a través del Fonasa tendría que hacerse cargo de cientos de miles de nuevos beneficiarios.
Fuente: Editorial de El Mercurio