Encuesta Cátedra UC-Fundación Carlos Vial Espantoso:
Si bien el 72% de los dirigentes cree que la huelga debe realizarse sin reemplazo, un mayoritario 65% es partidario de incorporar condiciones especiales de trabajo. Y el 56% considera necesario incluir la capacitación dentro de este proyecto .
Por Pablo Obregón C.
Cinco ministros presentes en la Sala, graderías repletas de dirigentes sindicales, acaloradas intervenciones y amenazas de desalojo, 22 votos a favor y 14 en contra. Esos son los ingredientes que resumen la jornada del miércoles, cuando el Senado aprobó en general la reforma laboral que propicia el Gobierno y que busca fortalecer los sindicatos.
Ahora se podrá comenzar con la discusión en particular, para lo cual tanto el Gobierno como los parlamentarios podrán ingresar indicaciones, con un plazo fijado para el 7 de septiembre.
En ese proceso se jugará el verdadero partido, que es el de la ingeniería de detalles del proyecto.
En ese contexto, la Cátedra UC-Fundación Carlos Vial Espantoso realizó una encuesta a dirigentes sindicales, con el objetivo de conocer su visión del proyecto, de sus elementos más polémicos, los efectos que creen tendrá en el empleo y de los cambios laborales que ellos priorizarían.
El sondeo fue contestado por 127 dirigentes sindicales -que representan un universo aproximado de 80 mil trabajadores afiliados a estos sindicatos-, que se relacionan con esta fundación y que participan en el Diplomado de Liderazgo Sindical que realiza la UC.
Los resultados son reveladores. El 72% de los dirigentes cree que no se debe permitir el reemplazo en huelga con trabajadores internos, y solo el 22% se manifestó de acuerdo con este tipo de reemplazo.
El reemplazo con trabajadores internos es uno de los temas sensibles que están en el debate. La posibilidad de establecer el reemplazo externo, en cambio, es una alternativa que difícilmente se reinstalará en el Senado, pues tanto el Gobierno como parlamentarios del oficialismo estiman que esa opción atentaría contra el corazón mismo del proyecto. En el sondeo, esta opción concita un rechazo del 80%.
Pero si bien estos números muestran aquel mayoritario rechazo al reemplazo incluso interno, casi la mitad de los consultados (45%) apoya la idea establecer equipos mínimos para darle sustentabilidad a la empresa. Solo el 29% se muestra en desacuerdo.
Otro dato revelador de la encuesta es que la mayoría de los dirigentes (65%) ven de forma positiva que la reforma laboral permita al sindicato acordar condiciones especiales de trabajo, como jornadas y descansos, es decir, que se incorporen aspectos de adaptabilidad.
El proyecto original ingresado por el Ejecutivo consideraba que los pactos de adaptabilidad podían discutirse en empresas que cuenten con un mínimo de 30% de afiliación sindical. Sin embargo, en la Cámara se ingresó un artículo transitorio que subió ese piso al 65% de afiliación, y con un cronograma que va bajándo en cuatro años, hasta 30%.
Contrario a lo que ha planteado el Gobierno, en el sentido de que este proyecto solo debe abordar materias relativas a la relación sindical y no otros temas del mercado laboral, el 56% de los dirigentes consultados señalan que la capacitación es el principal tema que la iniciativa legal no aborda y que para los sindicatos es importante. También aparecen otras materias, como productividad e incorporación de las mujeres y jóvenes al mercado laboral, aunque con porcentajes menores de adhesión.
Según Juan Morales, presidente Sindicato Laboratorio Chile, no es extraño que los dirigentes prioricen la capacitación por encima de otras materias: «El dirigente apunta al crecimiento del trabajador. Por eso vemos como algo tan relevante la capacitación», estima.
Otro dato llamativo es que incrementar los salarios es solo la sexta prioridad para los sindicalistas, con un 9% de las preferencias.
Sindicatos ven judicialización por servicios mínimos
Quién definirá los equipos mínimos en caso de huelga y cuándo lo hará es uno de los temas que genera mayor debate. El proyecto establece que los equipos mínimos podrán utilizarse para garantizar las instalaciones de la empresa, seguridad y salud de las personas.
Dentro de ese limitado marco, los trabajadores y empleadores deberán acordar, durante la negociación colectiva, cuántos trabajadores integrarán esos equipos mínimos. De no haber acuerdo, la Dirección del Trabajo (DT) deberá dirimir. Y, además, existirá la posibilidad de recurrir a tribunales.
Pero el presidente del Sindicato de Trabajadores de Los Pelambres, Manuel Figueroa, advierte: «Lo más probable es que, después de todo, lleguemos a tribunales y van a terminar judicializándose las negociaciones colectivas».
Para evitar esa judicialización, señala, el proyecto debería establecer un período de preparación de la negociación colectiva, en que los trabajadores y la empresa pueden determinar cómo darle continuidad a la empresa.
¿Qué ocurre si no hay acuerdo? Según Rafael Díaz, presidente del sindicato de Trabajadores de AES, las instituciones técnicas, como Sernageomin o la Superintendencia de Electricidad y Combustible deberían trabajar en conjunto con la DT a la hora de zanjar estas diferencias. «Lo importante es que las funciones que son críticas deben ser resueltas en una etapa previa», afirma.