Los aspectos principales que aspiran sean revisados en este trámite son sindicalización forzosa, no reemplazo en huelga y la prohibición del descuelgue. Documento final estará listo la próxima semana para ser presentado a los senadores.
Por C. Torres y J. T. Santa María.
Si bien el documento con que el denominado “Comité Laboral Pro Empresa” -frente empresarial que se opone a la reforma laboral impulsada por el Gobierno- buscará influenciar en la discusión legislativa del Senado aún no está listo, ya existen un temario con los principales argumentos que contendrá el texto.
Fuentes cercanas a la industria, aseguran que se está trabajando en “adaptar el proyecto a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
En ese sentido, desde el grupo que lidera el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes; y el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Juan Pablo Swett; sostienen que el proyecto que comenzará a ser discutido dentro de los próximos días en la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, está basado en un diagnóstico errado: “supone una alta tasa de conflictividad laboral y un bajo nivel de sindicalización en nuestro país, en circunstancias que las cifras de estudios recientes demuestran lo contrario”, señala una fuente conocedora de este proceso.
Además, el proyecto afirma que pretende fortalecer la autonomía de las partes en la negociación colectiva, “pero en la práctica se termina ampliando el rol de un tercer actor, el Estado, a través de nuevas facultades para la Dirección del Trabajo”.
Así, agregan, que entre las consecuencias negativas que es posible anticipar si se aprueba este proyecto de ley se encontrarían: la pérdida de libertad sindical de los trabajadores; transferencia de derechos desde las personas a los dirigentes sindicales; cambio desde una relación bilateral (empleado-empleador) a una tripartita (empleado-Dirección del Trabajo-empleador); además del negativo impacto económico.
En ese marco, las materias claves que contendrá el texto que debiera estar listo la próxima semana son:
1. Sindicalización forzosa
Desde el mundo privado afirman que la aprobación del proyecto sería un retroceso en el ámbito de las libertades personales. Específicamente en lo referido a la libertad de asociación, que “garantizan tanto la Constitución como tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la OIT” indica la fuente .
El análisis del proyecto advierte que esta limitación a la libertad podría producirse tanto por la vía legal – afiliación automática a un sindicato-; como por una vía más indirecta, como el establecer que sólo podrán adquirir ciertos beneficios quienes se afilien a un sindicato o a quienes se les extiendan los beneficios (titularidad sindical).
Desde la industria afirman que el proyecto requiere siempre el consentimiento del sindicato para que la empresa pueda extender los acuerdos de la negociación colectiva a los trabajadores no afiliados. Así, “en la práctica, un trabajador que pretenda acceder a estos beneficios deberá afiliarse al sindicato. Esto implicaría que habrá trabajadores privilegiados: los sindicalizados, discriminando a los no sindicalizados”.
En cifras, desde el sector privado aseguran que la tasa de sindicalización promedio de la OCDE se ha reducido de un 20,8% en 1999 a un 16,9% en 2013 y continúa a la baja. Francia en 2013 presentaba un 7,7% de afiliación sindical, Suiza un 16,2%, Estados Unidos un 10,8%, España un 15,9%, etc. “Esos países respetan la libertad de asociación y los tratados internacionales que la garantizan. Chile, por su parte, presenta una afiliación sindical (15%) en línea con el promedio de la OCDE y, mayor a la de muchos de esos países, en que no cabe ninguna duda que los derechos de los trabajadores son respetados”.
2. No reemplazo en huelga
Respecto del propuesto fin al reemplazo en huelga, uno de los integrantes del “Comité Laboral Pro Empresa” sostiene que esto “da lugar a una entendible incertidumbre en la provisión de servicios mínimos y deja al empleador sin ninguna opción legítima de administrar la empresa durante la huelga”.
Por ello enfocarán su preocupación en la posibilidad de contar con servicios mínimos con personal de la misma empresa, no sindicalizado.
3. Prohibición del descuelgue en la huelga
En la misma línea de lo anterior, existe inquietud por la prohibición del descuelgue del personal durante la huelga porque “no se respeta el derecho de los trabajadores que participan en ella de restarse y volver a su puesto de trabajo”.
Según los expertos de este referente, la propuesta infringe la libertad personal, por ende defenderán el que se permita a los huelguistas regresar a trabajar cuando así lo decidan.
“Si bien el trabajador que forma parte de un sindicato y de un proceso de negociación colectiva admite supeditar, en ciertos aspectos, su voluntad a la mayoría, no por ello podría concluirse que renuncia a su libertad individual. El derecho de huelga es de titularidad individual aunque lógicamente requiera para su ejercicio, de la concertación de los trabajadores”, explican.