Para aprobar el proyecto antes del 21 de mayo:

De los $100 mil millones actuales se podría llegar a al menos $170 mil millones al año.

Por René Olivares.

Los 1.700 pacientes de diez enfermedades raras y de alto costo que hoy financian sus tratamientos con un programa especial de Fonasa cuestan al Estado $20 mil millones al año. Con la creación del fondo para tratamientos de alto costo (o «Ley Ricarte Soto») se sumarán al primer año unos $20 mil millones más de forma efectiva, los que alcanzarán para cubrir al doble de pacientes.

Pero la aspiración original del proyecto de ley es llegar a 20 mil personas y para eso se consideran $100 mil millones desde el tercer año de vigencia. Esto es insuficiente, según los senadores de la comisión de Salud. «Es una baja cantidad de dinero en relación con el problema», resume el presidente de la instancia, Fulvio Rossi (PS).

Lo mismo opinan Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Manuel José Ossandón (RN) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI), además de la diputada Karla Rubilar (Amplitud), quien participó de la instancia donde hoy se espera votar los cambios que introducirán el Ejecutivo y los parlamentarios.

El Ministerio de Salud, a través del subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, presentó en la comisión los lineamientos de las indicaciones que enviarán «a más tardar mañana (hoy)», con las que esperan asegurar que el proyecto se apruebe antes del 21 de mayo. Con ese fin, el Ejecutivo accedió aumentar los recursos del fondo, explorando distintas fórmulas, como un reajuste escalonado, y se mencionó la posibilidad de llegar hasta $170 mil millones o $200 mil millones.

Con esos fondos se pretende, además, dar cobertura a diagnósticos y tratamientos que hoy no están incluidos, como hospitalización domiciliaria o financiamiento de prótesis.

Este es el segundo cambio en materia presupuestaria, pues ya en la Cámara el Ejecutivo aceptó eliminar los copagos que originalmente establecía el proyecto. Ahora Salud también aceptó acotar el umbral para acceder a la cobertura, que podría estar entre $400 mil y el millón de pesos, aunque Burrows sostuvo que una definición precisa debe ser tratada vía reglamento.

Desde la oposición, la senadora Van Rysselbergue planteó que la celeridad que está imponiendo el Ejecutivo (discusión inmediata) imposibilita estudiar las indicaciones.