La inyección de nuevos recursos, la apretada agenda de gobierno y un próximo período eleccionario figuran en la lista.

por Luis Mendoza.

Una serie de factores se encuentra sopesando, por estos días, el gobierno para definir el futuro de la reforma previsional, en medio de una apretada agenda legislativa y con proyectos emblemáticos en el horizonte, como el cambio constitucional.

Un ambiente en el que se han puesto sobre la balanza al menos siete elementos que conspiran contra un efectivo avance en el ámbito previsional durante la actual administración.

Las dudas sobre la mesa

1.- Diversas autoridades de gobierno consultadas, coincidieron en señalar que la principal bandera que tomó el programa de la Presidenta Bachelet fue la reforma educacional. Para ello, de hecho, el gobierno ya comprometió tres puntos del PIB, a través de la reforma tributaria.

2.- El diagnostico común entre los técnicos y autoridades de gobierno es que para solucionar el problema de las pensiones se tendría que abordar la situación de los cotizantes que están en vías de jubilar y que para mejorar su pensión -y dados sus altos niveles de lagunas previsionales (meses sin cotizaciones)- requerirían de algún tipo de aporte del Estado.

3.- El Ministerio del Trabajo está comprometido en la recién despachada reforma laboral y en avanzar en los demás tópicos de esta agenda, que además considera modificar el sistema de capacitación laboral (que administra el Sence) y fortalecer a la Dirección del Trabajo, elementos que requieren de proyectos de ley o la inyección de más recursos fiscales.

4.- Por lo anterior, la agenda legislativa de las Comisiones de Trabajo de la Cámara y el Senado tienen un intenso trabajo para este año y el próximo, con lo que difícilmente existiría espacio para tratar una reforma compleja como la previsional. Por el contrario, las Comisiones de Hacienda de ambas cámaras cuentan con mayor holgura, las que se emplearían en los próximos meses para avanzar en materias relativas al mercado de capitales y el sistema financiero.

5.- Una reforma previsional requeriría de la voluntad y coordinación tanto técnica como legislativa de los ministerios de Hacienda y Trabajo. Además, demandaría recursos para completar una serie de análisis técnicos (como ocurrió en los gobiernos de Lagos y en el primero de Bachelet). Sin embargo, en La Moneda dudan de que en Teatinos 120 estén dispuestos a embarcarse en esa agenda.

6.- No existe convencimiento a nivel del gobierno de enviar un proyecto con una reforma menor al sistema, ya que, a lo sumo, se llegaría a despachar recién a fines de este año o inicios del 2016, cayendo en un periodo electoral. Algo que implicaría el riesgo de que ese proyecto se transformara en «un mero acto simbólico o saludo a la bandera», dijo una autoridad.

7.- Un gobierno de cuatro años no tiene espacio para dos reformas complejas, como la educacional y la previsional, más aún si ésta última no figura como prioritaria dentro del programa de gobierno.

En medio de estas interrogantes, una de las posturas más pragmáticas que existe en el gobierno apunta a dejar como legado para la siguiente administración, todo lo avanzado por la Comisión de Reforma Previsional (Bravo), es decir los estudios y propuestas que entreguen estos expertos.

Otra posición, más cercana a la izquierda y con menor respaldo del Ejecutivo, apuesta por insistir en los cambios.