Expertos acusan falta de voluntad política para darle más atribuciones a la entidad para revisar el seguro público:

En lo que va del año se han hecho 1,3 revisiones por cada 100 mil beneficiarios de Fonasa y 26,13 por cada 100 mil usuarios del sistema privado. Gremio de aseguradoras reclama «desproporción».

Por Nadia Cabello y René Olivares.

En lo que va del año, la Superintendencia de Salud ha iniciado más de dos mil fiscalizaciones, de las cuales 1.883 ya están terminadas. Esa última cifra es 17% más alta que la registrada en el mismo período del año pasado y el superintendente Sebastián Pavlovic (DC), explica que esto responde a una búsqueda «para repotenciar el rol de la entidad en materia de protección de los derechos de las personas».

Pero esas revisiones no han sido a todos por igual. Del total de fiscalizaciones iniciadas este año, el 43% se concentró en las isapres y el resto se reparte entre Fonasa (16%), clínicas, hospitales, consultorios y agencias acreditadoras.

Es decir, el número de revisiones a los seguros privados triplica a las realizadas a Fonasa: si se han hecho 1,3 revisiones por cada 100 mil beneficiarios de Fonasa, en isapres la cifra sube a 26,13 por cada 100 mil usuarios.

Para el secretario ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, esto muestra «una desproporción enorme, puesto que quienes tienen menos recursos, podrían no tener suficientemente protegidos sus derechos».

Pero el superintendente Pavlovic explica que «hay factores históricos, como el origen de esta superintendencia que era ‘de isapres’ hasta antes de la reforma de 2005 o que son muchos más los reclamos de los usuarios de isapre que los de Fonasa» que explican la diferencia.

Manuel Inostroza (DC), académico de la U. Andrés Bello y que fuera superintendente entre 2003 y 2010, afirma que él fue criticado porque la entidad fiscalizaba poco al sistema público, pero que «si bien respecto al AUGE, las facultades de la superintendencia son equivalentes (entre ambos subsistemas), en lo financiero no, sobre todo hasta antes de la Ley de Derechos y Deberes».

Por eso, considera que «se requiere equidad regulatoria del Fonasa. El problema es que una superintendencia que ejerza las mismas acciones sobre el sector privado y el público es vista como un mensajero de malas noticias por cierto sector de la Nueva Mayoría. Por eso se ha resistido el cambio, porque ven con desconfianza el rol fiscalizador sobre lo público».

Para la directora de la consultora en salud Altura Management, Victoria Beaumont, «nunca se le dieron más atribuciones a la superintendencia por las complejidades políticas que significa que el superintendente siga dependiendo del Ministerio de Salud. Se da entonces que para el sistema público el fiscalizador depende de la autoridad que es, en última instancia, la fiscalizada».

Aumento
Las fiscalizaciones al sector público crecieron 21% respecto de 2013. En el sector privado el alza fue de 16%. 7% de los hospitales cumple con notificación de urgencia
Una de las últimas fiscalizaciones de la Superintendencia de Salud fue la revisión del cumplimiento de distintos ámbitos del plan AUGE. Y los resultados no dejaron contenta a la entidad, que ya ofició a los servicios de salud y al ministerio acerca de los resultados. Porque, por ejemplo, en el caso de la notificación de urgencia vital, de los 72 hospitales del país solo el 7% cumple satisfactoriamente. Esa cifra está por debajo del nivel de cumplimiento de las clínicas -alcanzan el 35%-, aunque, en general, para el superintendente Sebastián Pavlovic «los resultados del sistema son un hallazgo preocupante».

En el caso de la notificación al paciente de que lo suyo es un problema cubierto por el AUGE, el 31% de los prestadores públicos lo hace satisfactoriamente y se instruyeron 49 procesos sancionatorios y 11 solicitudes de sumarios administrativos. En el sector privado, la cifra es aún menor y solo el 7% cumple, por lo que se iniciaron 27 procesos sancionatorios. «Sabemos que en el sector privado uno de cada cuatro pacientes no usa el AUGE. Estas cifras nos muestran que talvez no es por decisión propia, como se ha dicho, sino que puede ser porque no se les dice».

Lo más grave, dice Pavlovic, «es que estamos detectando fallas en la primera etapa, en la puerta de entrada al AUGE».