Es lo que respondería en 2010 una encuesta encargada por el Minsal a la U. de Chile. El sondeo no fue validado y terminó en sumario. El estudio de hábitos sería crucial para combatir la obesidad. Actual gobierno intenta rescatar la medición, en medio de acusaciones cruzadas entre los involucrados.

Por Carlos González Isla.

El 30 de agosto de 2011, el entonces subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (Enca). En la conferencia de prensa estaba el doctor Hugo Amigo, director técnico de la medición y representante de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile. La institución se había adjudicado en 2009 la licitación del estudio, tras competir con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) del mismo plantel, la U. Alberto Hurtado e Ipsos. La propuesta de la escuela obtuvo la mejor nota entre sus rivales.

El subsecretario exhibió un Power Point con las principales conclusiones del estudio de 180.000 millones de pesos, que detectaba brechas de consumo por nivel socioeconómico. Por ejemplo, los estratos más bajo comen menos lácteos, verduras y carnes, mientras que en los más altos tienen mayor consumo de derivados de la leche, frutas, verduras y carnes magras. La clase media, en tanto, lidera el consumo de pan y las carnes con grasa.

Los resultados eran relevantes, porque por primera vez, después de 35 años, el país contaba con una encuesta con los patrones de consumo alimentario de la población, datos que permitirían a las autoridades realizar intervenciones efectivas en enfermedades no transmisibles, como la obesidad.

Sin embargo, las ex autoridades del Minsal resolvieron validar sólo tres de los cuatro informes de la encuesta. El cuarto, que contenía el análisis final de consumo alimentario, con sus bases de datos, nunca contó con el visto bueno de la autoridad, debido a que no cumplió con las expectativas de la licitación. Ello ha impedido, hasta ahora, que el estudio completo esté disponible para expertos, la industria alimentaria y la ciudadanía.

Además de objetar el informe final, la subsecretaria de Salud instruyó en 2011 un sumario para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Salud en la ejecución y cumplimiento del contrato. El proceso se sobreseyó el 23 de enero de 2014, sin responsables, pero en el documento, firmado por el ex subsecretario Díaz, se crítica duramente el trabajo de la U. de Chile y advierte que están “acreditadas las evidentes faltas en el cumplimiento de plazos y contenidos”, cuyo plazo final de entrega era el 29 de abril de 2011.

La resolución también explica que con motivo del terremoto de 2010, se aplazaron las fechas de entrega del estudio para obtener un buen producto final, lo que no sucedió. “Los aplazamientos que se fueron generando se fundaron en la expectativa de obtener un producto útil para los fines tenidos en cuenta al contratar (…), lo cual no fructificó”, concluye la resolución de Díaz, quien declinó hacer declaraciones para este artículo.

Hugo Amigo rechaza las afirmaciones del sumario. “A nuestro juicio, eso no es efectivo, ya que el cumplimiento fue en los plazos establecidos y los productos entregados conforme a los términos contratados”, afirma el facultativo.

Amigo agrega que los resultados presentados a la prensa en agosto de 2011 fueron un resumen del cuarto reporte y agrega que hasta ese minuto la Subsecretaría de Salud Pública no presentó objeciones. “La conferencia fue realizada por el subsecretario que solicitó que lo acompañara, junto con Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública. La información fue de alta cobertura en la prensa y no hubo discrepancias con los profesionales del Minsal en dicha ocasión”, recuerda.

Las actuales autoridades, que asumieron el 11 de marzo, reconocen que en el proceso existieron diferencias entre la universidad y el Minsal, y que la validación de los resultados ha sido un proceso complejo, en el que han necesitado ayuda de expertos internacionales (ver nota secundaria).

ESTUDIO PERDIDO

Con el fin de conocer el estudio y los resultados completos, La Tercera solicitó el documento vía Ley de Transparencia, pero el Minsal negó la entrega de los datos.

Fue la misma situación por la que pasó la industria de alimentos, agrupada en ABChile, que también solicitó el estudio por Transparencia en abril de 2012 y enero de 2013, con el mismo resultado. “Se esperaba que la medición arrojara datos concretos sobre la alimentación de menores de 14 años y el ranking detallado de los principales alimentos consumidos por los chilenos”, dice Marisol Figueroa, gerenta técnica del organismo.

Quien tuvo más suerte fue Cecilia Castillo, especialista en Nutrición Humana, quien requirió los antecedentes para terminar su tesis doctoral. Pero tampoco fue fácil. Tras la negativa inicial, recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia, que obligó en 2013 entregarle la encuesta.

Castillo, sin embargo, no quedó conforme con la calidad de la información recibida. “Es un informe con un análisis limitado en relación a puntos que nos interesan a los especialistas, como, por ejemplo, consumo fuera del hogar o consumo de comida rápida”, dice.

Además, afirma que “hay datos que generan dudas, pues no se desarrolló una submuestra de ‘pesada de comida’ para validar si lo que la gente decía que comía era realmente así. Porque las personas suelen relatar que comen menos de lo que efectivamente consumen”. Lo anterior, dice, significa tomar un subgrupo de personas de la muestra y pesar todo lo que comen, lo que permite corregir diferencias y ver cuánto de lo que declaran es efectivo. “Han pasado cuatro años desde su desarrollo, los resultados están casi perdidos, porque los patrones de consumo cambian. En otros países se desarrollan encuestas cada cuatro o cinco años, y sus resultados permiten observar cambios y tendencias”, advierte Castillo.