Procesos reciben 25 mil reclamos anuales
Los sectores más afectados por colusión en el mercado público son los de materiales y servicios de construcción, y productos y equipos médicos y de laboratorio, según la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza.
Bajo la lupa de las autoridades, por diversas malas prácticas, está el mercado de las licitaciones públicas con sus más de US$10.000 millones en transacciones de productos y servicios al año, con 850 organismos que los adquieren a través del sistema de contratación, de parte de 117.000 proveedores distintos de los cuales el 90% son micro y pequeñas empresas.
¿Qué Irregularidades se Denuncian?
Según la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, en 2013 se derivaron 24.879 reclamos por malas prácticas a organismos del Estado sobre un total de 2.088.847 órdenes de compra en Mercado Público, lo que equivale a una tasa de 1,19% por proceso de adquisiciones. Una parte de las denuncias es por no pago oportuno, y la otra, por incumplimiento de la normativa de contratación. Y aunque es un porcentaje menor sobre el total, el número es relevante.
ChileCompra en este sentido, intermedia entre oferente y organismo público, con la mira en solucionar gran parte de estos reclamos de prácticas anticompetitivas en las subastas.
ChileCompra realizó un estudio sobre este tema, en el que se indica que existen indicios de colusión asociados a ciertos rubros, y para abordarlo de mejor forma firmó una alianza estratégica con la Fiscalía Nacional Económica. Los sectores de negocios más afectados por este ilícito en el mercado de las licitaciones públicas son los de materiales y servicios de construcción, y productos y equipos médicos y de laboratorio.
Entre enero y junio de 2014 su unidad Observatorio ChileCompra ha detectado 1.773 procesos con una potencial irregularidad por parte de los organismos públicos, a los que les sugiere concretar cambios. De éstos, 923 hallazgos fueron corregidos, que implican montos por US$235 millones. La mayoría de las temáticas asociadas dicen relación con criterios de evaluación poco claros o poco objetivos y cláusulas discriminatorias o arbitrarias, como boletas de garantía sobredimensionadas o restricción a la competencia en las bases.
Paralelamente, el Observatorio ChileCompra ha desarrollado informes específicos en los que se busca que el organismo público cambie de conducta, de los cuáles 7 han sido derivados a la Contraloría en lo que va del 2014, entidad que ve los casos que podrían requerir sanciones administrativas por eventuales irregularidades.
Tribunal de Contratación Pública
Pero no sólo la Contraloría recibe denuncias por malas prácticas en estos procesos, sino que también el Tribunal de Contratación Pública. De acuerdo a su secretario abogado, Felipe Olmos, la entidad revisó el año pasado 314 demandas de este tipo. En poco más del 5% de los casos, ha paralizado o hecho volver atrás las licitaciones. Fue esta sede la que anuló, de hecho, la subasta para la elaboración de documentos de identidad y pasaportes para el Registro Civil en 2010.
Para el oferente es una decisión difícil la de denunciar, porque a veces en la entidad pública que lo está afectando ha ganado otras licitaciones y se presentará en otras.
“Hemos tenido casos en que en las bases se pide una marca en especial, o se le da un mayor puntaje a un proveedor histórico. También, en que las garantías que se exigen son exorbitantes y requieren de un capital de tal magnitud, que se impide que participen pymes. Otras veces se denuncia que la parte técnica de las bases se solicita tal cantidad de requisitos para que vayan los oferentes, que el proceso estaría dirigido a un actor que puede cumplir con esas características”, acusa Olmos.
En una licitación de la Junta de Auxilio Escolar y Becas para obtener el suministro de raciones alimenticias por un período de 3 años, a nivel nacional, se exigía un capital muy alto y se dejaba fuera a pymes, cosa que fue corregida por la acción del Tribunal de Contratación Pública.
“Nos llama la atención que en el mercado de los fármacos a veces postulan muy pocos, y queda una oferta admisible y otra inadmisible, por lo tanto la entidad estatal tiene sólo un actor a quien adjudicar en una determinada línea. Un número reducido participa en las subastas del Cenabast, y es sabido que uno de los factores de riesgo de colusión es que haya no muchos oferentes y de tamaño grande”, advierte el secretario abogado del Tribunal de Contratación Pública.
Fiscalía Económica
Por ello el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, ha manifestado que las prácticas colusorias en las licitaciones públicas son efectuadas con el objeto de generar artificialmente un excedente o sobreprecio que luego es repartido entre los miembros del acuerdo mediante algún mecanismo, o para hacer fracasar la subasta pública. Tal como lo hicieron en el concentrado mercado de provisión de asfalto, las firmas Enex, Ach, QLa y Dynal, lo que fue denunciado por el ente antimonopolio tas la delación compensada de la filial del grupo Luksic.
Entre las consecuencias de estos actos contra la libre competencia, están que los productos son más caros, hay menor cantidad y más baja calidad de éstos y disminuye la innovación.
¿Cómo se comete colusión en las licitaciones públicas? De acuerdo al jefe de la FNE, las formas son no presentándose al proceso, retirando la oferta, dando propuestas destinadas al fracaso o una postura simulada, realizando intercambio de información sensible entre competidores antes de concretar sus planteamientos, rotando la posición del ganador, y haciendo uso fraudulento de la subcontratación.
Mejorar Competencia
La directora de ChileCompra indica, asimismo, que a través del Observatorio ChileCompra están enfocados en los aspectos que son fundamentales para motivar una alta competencia en cada licitación pública, por ejemplo, “que la solicitud de boletas de garantía no se constituya en una barrera de entrada, que las bases sean fácilmente entendibles por todos los proveedores interesados de la industria, y que reciban una adecuada difusión, entre otros”.
¿Ha habido resultados? Inostroza señala que en promedio, el número de ofertas que se recibe en cada proceso de licitación es de 6,2, lo que significa una mayor competencia entre los actores que participan. Antes de la instalación del actual sistema, cuando las subastas se hacían vía soporte papel y sin un canal público y electrónico, la cifra era de 1,4 en promedio por proceso.
“Cabe recordar que el grado de competencia que existe en cada licitación depende directamente de cuán competitivo sea el mercado nacional, materia en la que la FNE tiene mucho que aportar. No es posible pensar que las subastas, que varias veces representan una parte menor de la industria, puedan por sí mismas ser capaces de romper acuerdos que son generales”, agrega.
El secretario abogado del Tribunal de Contratación Pública apunta que su sede nada más recibe denuncias y pruebas, no puede investigar, ni sancionar, a diferencia de la institucionalidad de libre competencia. Por lo que podría ser que se creara un tipo de FNE que indagara ilegalidades en estos procesos, “aunque se ha optado por el modelo de defender intereses particulares donde son demandantes las personas que son afectadas por los procedimientos administrativos”.
Por otro lado, precisa que sería bueno que la garantía constitucional que existe durante la licitación pública y su adjudicación, se extienda hasta el cumplimiento del contrato definitivo, donde hay varios problemas que frecuentemente ocurren. Eventualmente, se podría otorgar esta facultad al Tribunal de Contratación Pública.
Olmos expresa que en 2005 su sede comenzó con menos de 100 denuncias y hoy se superan las 300, con un presupuesto anual de solamente $300 millones. “Necesitamos más horas juez, ya que hay nada más que 12 audiencias mensuales. Faltan oficinas, nuevas dependencias”.
A la fecha, el Tribunal de Contratación Pública tiene 4 abogados y 4 administrativos de planta para todo el país, junto con 3 jueces titulares que trabajan por horas. “Muchos de los casos que vemos son de más de $1.000 millones. Se requieren mejoras urgentes”.