Un total de US$ 116 millones (US$ 29 millones por año) espera recaudar el gobierno entre 2015 y 2018, a través del impuesto que deberán pagar las empresas portuarias, según el informe financiero del proyecto de ley que busca poner fin al conflicto con los trabajadores del sector. Las compañías portuarias deberán pagar US$ 0,3 al Fisco por cada tonelada transferida en los puertos nacionales, incluidos los terminales públicos de uso público, privados de uso público y privados de uso privado.
Como, según el proyecto, el Fisco desembolsará US$ 53 millones para pagar retroactivamente a los trabajadores la colación entre 2005 y 2013, dichos dineros se recuperarán con parte del impuesto que se cobrará a los privados y que irá al denominado Fondo de modernización portuaria, que será administrado por el Ministerio de Transportes.