Aseguradoras gastaron $8 mil millones en costas en 2013, mientras abogados ganaron $130 mil por cada caso:

Ante el nuevo reajuste anual, expertos creen que si las aseguradoras traspasan lo que han pagado a los abogados de los usuarios que han ganado los recursos, el impacto será de 0,5 puntos porcentuales.

Por Equipos de Ciudad y Justicia y Seguridad.

Si las isapres deciden traspasar el costo de la alta judicialización que vive el sistema por las decenas de miles de reclamos de usuarios contra los reajustes de sus planes de salud, el impacto en el precio será de 0,5 puntos porcentuales.

Así coinciden diversas fuentes del sector, que explican que solo por los recursos interpuestos durante 2013 contra las adecuaciones de precio base de los planes -casi el 100% fue fallado a favor de los afiliados-, las aseguradoras debieron pagar $8 mil millones en costas judiciales.

El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, reconoce que «es un costo más» y que las aseguradoras lo integran a sus balances, los cuales usan para calcular el reajuste de los precios base, cuyo valor 2014-2015 deben informar el lunes a la Superintendencia de Salud.

Por ello, aunque solo un 7% de los cotizantes ha recurrido a la justicia, logrando el congelamiento de los precios de sus planes, finalmente el 93% que sí asume el nuevo valor reajustado terminaría pagando el impacto de las costas en el sistema.

Por cada caso ganado en Santiago, los abogados que patrocinan estos recursos ganan $130 mil, que es el valor que la Corte de Apelaciones capitalina fijó para las costas de estos procesos, cuyo número se triplicó entre 2011 y 2013 (ver infografía).

En los últimos años, la isapre Masvida ha optado por no reajustar sus precios, por lo que no es parte de la judicialización que enfrentan sus competidoras.

Su presidente, Claudio Santander, asegura que esto es un castigo para los cotizantes que no van a la justicia. «Lo que dejó de ganar por la judicialización lo ganó por otro lado. Entonces, hay una discriminación tremenda hacia quien no reclamó, por lo que es una invitación gigante para reclamar», asegura.

Financiar a la minoría

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, reconoce que la judicialización es un problema porque las aseguradoras desvían recursos que podrían destinar a la atención de las personas a costos administrativos. «El ejemplo más paradigmático es el modelo norteamericano, donde parte importante de los costos se va a costas judiciales», precisa.

Analistas del sector concuerdan con esa visión. Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello y ex superintendente de Salud, asegura que «la mayoría de la cartera tiene que financiar el que una minoría reclame ante tribunales». A su juicio, «con las utilidades que tienen las isapres, que no son pocas, son $38 mil millones, no es que no tengan de dónde costear los juicios».

Más rotunda es Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Altura Management, consultora especializada en salud. En su opinión, si se suman los juicios por reajustes base con los interpuestos por el aumento de la prima AUGE del año pasado, «cada afiliado de Santiago debería ver un alza de $19.851 anuales, solo para financiar las costas de la judicialización. Esto equivale a un incremento de 1,1% del plan».

Según los datos que las propias isapres enviaron a la Superintendencia de Salud, en 2013 la cantidad de recursos de protección llegó a un récord de 69.392, lo que para Beaumont es un punto de inflexión. Como en los últimos años los reajustes han bordeado el 2%, dice, «esto no está reflejado aún (en los precios), pero no sé si (las isapres) van a poder pasar un año más aguantando, con la cantidad de recursos que tienen que destinar. Esto se transformó en un costo estructural del sistema y las isapres deben introducirlo en su dinámica de reajustes».

A pesar de la caída, isapres mantienen ganancias promedio
La baja de 52,8% que experimentaron las ganancias de las isapres en 2013 (a $38.401 millones) no debería ser motivo para elevar el precio de los planes, según el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic. A su juicio, esto ocurre después de que la industria obtuvo en 2012 sus mayores utilidades en 25 años. Las ganancias de 2013, además, son similares al promedio que el sector obtuvo entre 2001 y 2009. Para Hernán Doren, presidente de las isapres, las cifras «muestran una y otra vez que los costos en salud suben y eso no se ha querido entender». Dice que en 2012 las prestaciones y licencias aumentaron 14%.

Autoridades y especialistas coinciden en que se ha convertido en un costo estructural
Hernán Doren

Presidente de la Asociación de Isapres

«Me imagino que las isapres suman los gastos en juicios a sus costos. Si todo es costo. Ahora, cada isapre hará un análisis técnico y verá cuál es su posición».

Sebastián Pavlovic

Superintendente de Salud

«La judicialización es un síntoma de un problema estructural y no sirve al sistema, porque distrae costos de recursos que podrían destinarse a la atención de personas para costos administrativos».

Victoria Beaumont

Directora Consultora Altura Management

«La judicialización se transformó en un costo estructural del sistema y las isapres deben introducirlo en sus ajustes. Hasta ahora eso no se ha visto, pero como fue el 2013, algo de eso se traspasará al usuario».

Manuel Inostroza

Académico Instituto de Salud Pública UNAB

«El principal problema que origina la judicialización es que la terminan pagando quienes no reclaman en los tribunales. Yo no sé cuán rápido se pagan esas costas y cuándo se podrá ver el resultado».