La Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales rige desde 1968, y en ella aún está vigente la diferenciación entre «obreros» y «empleados», al menos, en el ISL (organismo administrador del Estado). Los primeros solo pueden recibir atención en los hospitales públicos, mientras los segundos pueden optar a las instalaciones de las mutualidades.

La necesidad de actualizar la norma es uno de los pocos puntos de consenso de una comisión investigadora de la Cámara surgida a partir de declaraciones hechas por la directora de Fonasa, Jeanette Vega, a «El Mercurio» en julio de 2015. Entonces, aseguró que el seguro público financiaba alrededor de $90 mil millones al año en enfermedades que debían ser cubiertas por las mutualidades.

La presidenta de la comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (Independiente, pero parte del Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social, MIRAS), plantea que «debemos modificar la norma».

Vega hoy, a pesar de no haber un estudio científico formal, sigue sosteniendo su punto, y dice que en Chile hay un subdiagnóstico de enfermedades profesionales que hace que se reporten 93 casos por cada 100 mil trabajadores, cuando los países con sistemas más desarrollados de salud ocupacional, pero muy diferentes al chileno, tienen tasas por más del doble, lo que significa, para ella, cerca de 5 mil enfermedades cubiertas por el sistema de salud cuando deberían ser financiadas por mutuales.

El presidente de la Asociación de Mutuales, Ernesto Evans, aclara que no es posible afirmar que existe un subsidio de Fonasa a las mutuales. Afirma que «al momento de una atención, ya sea en hospitales o clínicas, nadie califica la dolencia como común o profesional, y en la medida que no exista eso es imposible pretender una conclusión como la de la directora de Fonasa». A su vez, explica, «hay que dejar en claro que solo aplicamos la ley, no somos jueces y parte: tenemos bien separadas la administración de la calificación médica de enfermedades». Además, muestra, el sector público adeuda alrededor de $40 mil millones a las mutuales por el concepto de «primera atención».

 

Fuente: El Mercurio