Después de varios años de evaluaciones, revisiones y testeos a diversos modelos de medición, el Gobierno finalmente comenzó a aplicar el Registro Social de Hogares, un nuevo instrumento que modifica los parámetros de medición socioeconómica y se enmarca en una estrategia que busca la transparencia y la modernización en la distribución de los recursos del Estado.
Entre otras cosas, el nuevo formulario reduce considerablemente el número de preguntas, ya no considera las relativas a los gastos del hogar, y tampoco es ahora la ciudadanía quien tiene que autoreportar esta información, justamente el punto donde históricamente se ha situado el foco de errores de esta medición. Avanzar hacia esta comprobación administrativa que evita la demostración de miseria por parte de la población en situación de vulnerabilidad es, sin duda, un importante paso hacia este cambio de mirada sobre la pobreza que queremos lograr.
No obstante, también es importante prestar atención a todos los desafíos que nos plantea este nuevo sistema. Por un lado, los organismos que deben entregar la información de las familias (Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Fonasa, etc.) deben mejorar continuamente la calidad y la oportunidad de los antecedentes de los sectores vulnerables que están contenidos en sus bases de datos, procurando que estos sean lo más precisos y oportunos. Por otro lado, si bien se entrega la posibilidad de utilizar las tecnologías para el seguimiento y la realización de trámites online, no hay que obviar que un porcentaje importante de personas en nuestro país se encuentran todavía en una situación de exclusión. Es muy importante considerar esto para no reproducir (o incluso incrementar) las desigualdades de acceso a las prestaciones sociales.
Además, dado que estamos hablando de un sistema nuevo, existe una gran responsabilidad por parte del MDS de hacer el adecuado monitoreo y corrección del instrumento; dotar a esta fase de implementación de cierta flexibilidad, de manera de poder ir introduciendo las correcciones que sean necesarias. El cambio es, sin duda, una mejora en la gestión de los recursos, pero no debemos olvidar que las políticas sociales deben construirse cada vez más en base a un enfoque de derechos. Es decir, que no podemos pensar que estamos ante un esfuerzo acabado, sino más bien ante un punto de partida.
Columna de Juan Carlos Feres, Presidente de la Fundación por la Superación de la Pobreza
Fuente: Estrategia