Rafael Caviedes, timonel de la industria, dijo que hay «decepción» tras cita con el gobierno. Aseguradoras solicitan al Ejecutivo que los cambios sean aplicados gradualmente.

Tras la primera reunión realizada entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Isapres, el martes pasado, la industria mostró ayer “preocupación”, debido a la postura expresada por el Ejecutivo sobre el proyecto de ley que reformará al sistema privado.

El Gobierno planteó que la iniciativa legal incluirá la implementación de un plan base de salud con tarifa plana y la creación de un fondo interisapres donde se reunirá las cotizaciones de los afiliados. Pero las aseguradoras privadas no ven con buenos ojos otros aspectos clave de la iniciativa como es la eliminación de la declaración de salud o “filtro” para ingresar a las aseguradoras y la conformación de un fondo mancomunado, donde la población deberá aportar un 0,4% de la cotización en salud para beneficios en favor de todo el sistema.

Rafael Caviedes, presidente de la Asociación, señaló que tras participar en la sesión con el sector público, quedaron “preocupados y decepcionados”, pues esperaba que en el diálogo estuviera presente alguna autoridad política como es el caso de la ministra de Salud, Carmen Castillo, el superintendente del ramo, Sebastián Pavlovic, la directora del Fonasa, Jeanette Vega, además de un representante de la cartera de Hacienda y de la secretaría General de la Presidencia, pues -sostuvo-, la decisión final será “política, aunque fundamentada en antecedentes técnicos”.

Para Caviedes la realización de mesas de trabajo con el sector público “son habitualmente para consensuar una posición común para llevarla al debate político en el parlamento”.

El presidente de la entidad gremial calificó como complejo el diálogo con el gobierno, pues Andras Uthoff, representante del Ejecutivo en el diálogo público-privado, les manifestó que “no habrá concesiones” en puntos del proyecto como abolición de la declaración de salud, el sistema con que se regularán los precios y, lo que denomina el sector, el ‘impuesto a la afiliación’, o platas que entregarán todos los trabajadores al sistema.

Añadió que la cartera de Salud “insiste en propuestas que promueven una mala regulación que afectará a nuestros beneficiarios y constituyen sólo buenos deseos, pero imposibles de financiar por los afiliados al sistema privado de salud. Esto parece otro balde de agua fría para la iniciativa privada en Chile”.

Caviedes añadió que una de las propuestas realizadas al gobierno es que no se aplique un control de los precios de los planes por parte de un panel de expertos, cuando entre en vigor la reforma (aunque sí en una etapa de transición). Ello, pues cuando opere la ley habrá movilidad de los usuarios y una tarifa plana para la cartera “lo que hace inconveniente que el Estado regule”.

En tanto, ayer la cartera de Salud recibió a la Isapre Masvida, la que pidió ingresar a la mesa técnica. Ulises Figueroa, gerente general de la entidad explicó que uno de los puntos expresados tuvo relación con la “gradualidad de la reforma, el fondo mancomunado y su eventual impacto. También se abordó la declaración de salud, que debe ser un punto de llegada y no de partida”.

Masvida, junto a la empresa Colmena, solicitaron ser parte del grupo de trabajo para analizar la norma.